Más pagos digitales, más inclusión y oportunidades

En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Bancaria, al presidente Jonathan Malagón y a su equipo de trabajo, por la invitación a participar en la sesión de instalación del Congreso Anual de Medios de Pago. Para la Unidad de Regulación Financiera es un honor estar con ustedes. Saludo también al Superintendente Financiero de Colombia, Profesor César Ferrari, y a todos los asistentes a este encuentro. 

Este espacio brinda la oportunidad para destacar el liderazgo que ha asumido la Unidad de Regulación Financiera en la construcción de políticas públicas que buscan fortalecer un sistema financiero dinámico, competitivo, resiliente e inclusivo. Un sistema que responda a la transformación digital que vive Colombia y la industria financiera. 

Los servicios de pago son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía. Por esta razón, la proyección normativa a cargo de la Unidad está enfocada en promover pagos eficientes, seguros y accesibles. También en impulsar la formalización de la economía, reducir costos transaccionales y cerrar brechas de información. 

Las cifras recientes de la Superintendencia Financiera y el Programa de Banca de las Oportunidades muestran avances importantes en la adopción de los pagos digitales. 

La adopción de pagos digitales ha crecido aceleradamente. En 2018, los canales digitales representaban solo el 19,9 % de las operaciones, ahora bien, su uso ha venido incrementándose de tal manera que en 2023 llegaron al 62,9 %. Esto demuestra que los colombianos prefieren cada vez más los medios electrónicos. 

Además, conviene destacar que para 2023, el número de datáfonos creció un 18,7 %. Esto evidencia que por cada 10.000 adultos hay aproximadamente 341 datafonos disponibles.

Sin embargo, aún se presentan desafíos. En zonas rurales, la conectividad limitada y los costos de adquisición de infraestructura siguen siendo barreras para una adopción equitativa. Aun así, el uso de medios electrónicos para pagos cotidianos sigue en aumento. 

En este punto resalto tres mensajes clave sobre el futuro de los pagos digitales en Colombia: 

Primero: La infraestructura de pagos es clave para la inclusión financiera, requiriendo mejoras en conectividad y acceso en zonas rurales. 

Segundo: La transformación del sistema financiero es irreversible y debe seguir fortaleciéndose. Ampliar la oferta de pagos digitales es un paso necesario, pero no es suficiente. Para que estos medios realmente impacten la economía, es necesario lograr que los usuarios y los comercios adopten los medios de pago de manera habitual.

Tercero: El comportamiento de los consumidores ha cambiado. Por lo tanto, es necesario continuar trabajando para que los pagos digitales sean parte de la vida cotidiana de los colombianos.

En este contexto comparto con ustedes dos proyectos clave en los que ha venido trabajando la Unidad para promover el ecosistema de pagos digitales: 

- El primero es el proyecto de decreto sobre ecosistema de pago de bajo valor, de especial relevancia para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

- El segundo es el Decreto sobre la transaccionalidad en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, de especial relevancia para las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria.

El primer proyecto de decreto, que está surtiendo el trámite de expedición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la posterior firma del presidente de la República, busca: 

1. Garantizar la masificación y adopción de pagos inmediatos e interoperables. 

2. Mitigar riesgos en la prestación de servicios transaccionales. 

3. Crear el Consejo Nacional de Pagos y 

4. Mejorar la recolección de datos para el desarrollo de políticas públicas efectivas. 

El segundo proyecto de decreto, incorpora una serie de iniciativas para fortalecer la participación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el ecosistema de pagos digitales, dado que estas entidades son de suma relevancia para promover la inclusión financiera en el país.

Como parte de este proceso, la Unidad realizó un diagnóstico que quedó plasmado en el documento "Transaccionalidad en las Cooperativas de Ahorro y Crédito", publicado en marzo de 2024. 

Gracias a este trabajo, muy pronto el sector solidario contará con una regulación que: 

✔ Autoriza a las cooperativas de categoría plena para realizar la actividad de adquirencia. 
✔ Exige a las cooperativas, ofrecer servicios transaccionales y canales digitales a sus asociados, de manera proporcional con su categoría.
✔ Les requiere implementar políticas de transformación digital y, además, 
✔ Establece reglas de reporte de información para medir su impacto en el ecosistema de pagos. 

Se espera que, en los próximos días, con la firma del Presidente de la República, este decreto sea publicado oficialmente y entre en vigencia. 

La URF considera que cada transacción digital genera información valiosa que puede transformar vidas. En un mundo donde el efectivo deja pocas huellas, los pagos digitales construyen historiales financieros que abren puertas a créditos, a seguros y a oportunidades antes inaccesibles.

El uso inteligente de estos datos permitirá que más personas y pequeños negocios salgan de la informalidad, accedan al sistema financiero y fortalezcan su crecimiento. 

No es solo tecnología, es progreso, desarrollo y equidad. 

Por lo anterior, la URF viene trabajando en la construcción de un modelo de finanzas abiertas obligatorias, que no es simplemente una tendencia tecnológica o regulatoria, sino un cambio en la forma en que ciudadanos y empresas interactúan con el sistema financiero. Las finanzas abiertas, son una herramienta que le permite a las personas aprovechar su información para acceder a más y mejores productos y servicios.

Construir un sistema financiero más abierto, competitivo e inclusivo no es una opción sino una necesidad para el desarrollo del país. Con ese objetivo, la URF elaboró una propuesta para la creación de un marco regulatorio que permita la implementación de las finanzas abiertas obligatorias.  

Como parte de este proceso, la Unidad publicó a comentarios el proyecto de decreto, y se recibieron aportes que permitirán fortalecer su contenido. Se han identificado tres frentes críticos en la discusión:

El primero plantea inquietudes sobre quiénes pueden participar dentro del ecosistema. Se puso de manifiesto limitar la participación exclusivamente a entidades vigiladas, excluyendo a otros actores que pueden aportar competencia e innovación al ecosistema.  

Un segundo punto que despertó interés fue la figura de los terceros de confianza. Las observaciones se enfocaron en la posibilidad de que entidades distintas a las Administradoras del Sistema de Pagos de Bajo Valor asuman este rol, especialmente cuando estas entidades también operan como Proveedores de Servicios de Acceso, por posibles conflictos de interés. Así mismo, se manifestaron respecto de la idoneidad y capacidad técnica que deberían tener estos actores para jugar este rol en el sistema.  

El tercer frente plantea la necesidad de garantizar que el sistema abarque los datos tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas; y que las estructuras de costos no se intervengan, pero que tampoco se conviertan en una barrera para el intercambio de información.

Implementar un esquema de finanzas abiertas implica superar desafíos técnicos, normativos y operativos; y garantizar un equilibrio entre innovación, seguridad y estabilidad financiera. La Unidad es consciente de la magnitud del reto de expedir esta regulación y de la premura de convertirlo en una realidad.  

Es un proceso complejo, pero necesario. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre lo siguiente:

El mayor riesgo que enfrentamos no es regular las finanzas abiertas en el país, sino regularlas de forma inadecuada. Si no se aborda correctamente su diseño, se podría terminar con una norma que no se pueda implementar, retrasando la adopción del modelo y su impacto en el sistema.  

El país debe asegurar una regulación alineada con la realidad del sector. Las reglas deben ser claras, la arquitectura funcional y los incentivos estructurados de tal manera que las finanzas abiertas despeguen en Colombia. 

Países como el Reino Unido, Brasil y Australia han demostrado que estos esquemas generan beneficios tangibles para la población. Colombia no puede quedarse atrás. 

La regulación debe ser responsable en todos los niveles: política, institucional y técnica. Pero ser responsables no significa ser inmóviles. Significa avanzar de manera rigurosa, con medidas que protejan la integridad del sistema sin frenar la innovación. 

El reto es enorme y la oportunidad de transformar el acceso a los servicios financieros en Colombia lo es aún más.

En el marco de un esfuerzo conjunto, la Unidad continuará trabajando con todos los actores del ecosistema para diseñar una regulación sólida y responsable, que siente las bases para un sistema financiero más innovador, competitivo e inclusivo. 

Estos avances, son un primer paso que posteriormente permitirán escalar a esquemas de datos abiertos en el marco de la reglamentación del artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo.  

Ahora bien, para iniciar la implementación del esquema de datos abiertos para la inclusión financiera, la Unidad ha identificado dos sectores estratégicos:

Por un lado, se está explorando el potencial del sector solidario. Por otro, se está trabajando con el Departamento Nacional de Planeación para aprovechar la información del Registro Social de Hogares, un insumo clave que puede enriquecer la información de las entidades financieras y facilitar el acceso a productos y servicios para la población más vulnerable.

Finalmente, quiero llamar la atención sobre un punto fundamental:

¡El trabajo continúa! 

Debemos contar con un marco normativo a la vanguardia, que no solo impulse la innovación, sino que también garantice seguridad y confianza para todos los usuarios.

Por esta razón, la URF ha incorporado en su agenda regulatoria de 2025 dos estudios que contribuirán a la construcción un marco regulatorio moderno, dinámico y seguro.

El primero de estos estudios se enfocará en: analizar el alcance del objeto social de las Entidades Administradoras del Sistema de Pagos de Bajo Valor, considerando las nuevas necesidades de infraestructura del ecosistema de pagos. 

Así mismo tendrá por objeto, evaluar el marco regulatorio en materia de Gobierno Corporativo de estas entidades e identificar fricciones que limitan el desarrollo de un mercado competitivo. Adicionalmente estudiará modelos innovadores en la prestación de servicios de pago, incluyendo el alcance de las actividades de adquirencia, la prestación de servicios de pago y la agregación de pagos, analizando sus riesgos y beneficios. 

El segundo estudio abordará los modelos de adquirencia no vigilada, su marco normativo y los mecanismos necesarios para promover su desarrollo. Además, se evaluará los modelos de agregadores de pago, su relevancia dentro del ecosistema, los riesgos asociados a su actividad y las medidas necesarias para gestionarlos y potenciarlos en condiciones de seguridad. 

Una regulación moderna es clave para que todos los actores de la cadena de pagos, desde bancos hasta Fintech y comercios, operen en igualdad de condiciones.

La interoperabilidad, la eficiencia y la competencia justa dependen de un marco jurídico sólido que reduzca la incertidumbre y facilite el acceso a servicios financieros innovadores.

La meta es que Colombia cuente con un sistema de pagos ágil, inclusivo y seguro. Para ello es necesario consolidar un entorno regulado que brinde confianza y permita el desarrollo sostenible del sector. 

Su participación es importante en los procesos de construcción y revisión de estas y otras iniciativas. Con su aporte, podremos consolidar una hoja de ruta integral que nos lleve a cumplir los objetivos de política pública definidos por el Gobierno Nacional. 

La Unidad de Regulación Financiera es un lugar de puertas abiertas.

Muchas gracias.