La URF trabaja en la construcción de un marco regulatorio sólido que promueva la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de los fondos de empleados

Bogotá D.C., 30 de julio de 2025. La directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera Garzón, participó en el Congreso de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE, donde destacó el papel estratégico de los fondos de empleados en la economía colombiana como referentes de inclusión financiera y solidaridad.

Además, subrayó su enorme potencial para apoyar la implementación de políticas públicas orientadas a la formalización de servicios financieros, gracias a su amplia presencia en todas las regiones del país. Actualmente, más de 1.469 fondos de empleados operan en Colombia, agrupando a más de un millón de ahorradores y gestionando depósitos por 9,3 billones de pesos, lo que refleja la confianza de los ciudadanos en estas instituciones y la necesidad de seguir fortaleciendo su rol en la economía colombiana. Además, con activos que superan los 15,4 billones de pesos, el sector demuestra su capacidad para financiar necesidades, proyectos y emprendimientos que dinamizan el desarrollo económico en los territorios.

En este contexto, la directora de la Unidad, presentó los avances, desafíos y oportunidades del sector en materia de regulación financiera, en línea con la hoja de ruta publicada en 2022 para el fortalecimiento del sector solidario, donde se contempla la consolidación de una red de seguridad, la modernización del marco regulatorio prudencial, el fortalecimiento de las prácticas de gobernanza, entre otras acciones clave. 

Además, resaltó que la construcción de este marco regulatorio se ha desarrollado de manera conjunta con el sector, sus organizaciones y gremios, a partir del conocimiento directo de sus problemáticas y necesidades. Este diálogo ha permitido formular propuestas innovadoras y responsables, orientadas a impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Entre los avances regulatorios destacados, señaló los siguientes:

•    Decreto 344 de 2017: mediante el cual por primera vez se implementó un marco regulatorio segmentado por categorías, convirtiendo a los fondos de empleados en pioneros de este enfoque diferenciado en Colombia. 
•    Decreto 962 de 2018: Incorporó las normas de buen gobierno aplicables a las organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito, fortaleciendo significativamente la estructura de gobernanza del sector. 
•    Decreto 1997 de 2019: Crea la Comisión de Coordinación del Subsector de la Economía Solidaria que presta servicios de ahorro y crédito, estableciendo por primera vez un órgano técnico especializado de coordinación, análisis y evaluación de situaciones relevantes para la estabilidad de estas organizaciones. Este hito incluyó a los fondos de empleados como destinatarios de funciones de esta instancia de coordinación pública sectorial.
•    Decreto 704 de 2019: Se promueve la incorporación de buenas prácticas de resiliencia, particularmente en lo relacionado con la gestión y administración del riesgo de liquidez, reconociendo la importancia de que el sector cuente con mecanismos robustos de gestión de riesgos, pues a medida que se innova en la prestación de servicios de ahorro y crédito, deben implementarse esquemas que garanticen la sostenibilidad de las organizaciones. 

En la Agenda Normativa 2025: se está trabajando en iniciativas estratégicas que buscan la actualización del marco regulatorio prudencial aplicables a los fondos de empleados. Además, se está evaluando alternativas para fortalecer la gobernanza institucional a través de un estudio de diagnóstico que pretende revisar la normativa expedida e identificar acciones de mejora para que las organizaciones cuenten con estructuras de gobernanza robustas y adecuadas. Este proyecto se articulará con otras acciones desarrolladas por la red de seguridad, incluyendo la guía de buenas prácticas de buen gobierno para empresas solidarias de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

Adicionalmente, la Unidad de Regulación Financiera avanza en el análisis de los comentarios recibidos al proyecto de decreto sobre centros de servicios compartidos, esquemas de cooperación y coordinación, y apoyo externo. Paralelamente, trabaja en el "Estudio de cobertura y liquidez para el sector de ahorro y crédito de la economía solidaria", un documento que representa un paso estratégico hacia el fortalecimiento de la red de seguridad del sector. Este estudio propone alternativas integrales de protección para los 4,3 millones de ahorradores y los $22,86 billones en depósitos que hoy moviliza este segmento.

“La Unidad de regulación financiera ha realizado un trabajo exhaustivo y riguroso para acompañar el desarrollo y fortalecimiento de los fondos de empleados en Colombia. La Unidad continuará trabajando en la implementación de la hoja de ruta sectorial, con la convicción de que cada iniciativa regulatoria contribuirá al crecimiento sostenible y la consolidación de estas organizaciones del sector de ahorro y crédito de la economía solidaria”, concluye Mónica Higuera Garzón, directora de la URF. 

De esta forma, los fondos de empleados se consolidan como actores protagónicos en la economía colombiana, a través de marcos regulatorios modernos, estructuras de gobernanza robustas y mecanismos de protección integral que fortalecen la confianza de los ahorradores.