Con el Decreto 0769 de 2025, el Gobierno avanza en el fortalecimiento de la inclusión financiera y la prestación de servicios transaccionales

Bogotá D.C., 10 de julio de 2025. ¡Ya es una realidad! Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) cuentan con una regulación que impulsa su participación en el ecosistema de pagos digitales y fomenta el uso de servicios transaccionales por parte de sus asociados, promoviendo así una mayor inclusión financiera en el país.

Con este Decreto, las CAC ofrecerán servicios transaccionales, según su categoría regulatoria, que le permitirán a sus asociados enviar y recibir órdenes de pago y transferencias de fondos con asociados de otras CAC y con clientes de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las CAC de categoría plena también quedan autorizadas para ejercer la actividad de adquirencia. Estas disposiciones se acompañan de la obligación de adoptar políticas de digitalización y la necesidad de definir reglas claras de reporte de información que permitan medir su impacto en el ecosistema de pagos.

Esta normativa no solo fortalece el papel de las cooperativas en el sistema financiero, sino que también representa un paso clave hacia la modernización del sector solidario. Este avance es esencial para ampliar la inclusión financiera en las regiones más apartadas del país y contribuir a la superación de la pobreza. A medida que los pagos electrónicos se vuelven más accesibles y eficientes, los asociados enfrentan menores costos de transacción, reducen su dependencia del efectivo y generan información valiosa que les facilita el acceso a nuevos productos y servicios financieros. Todo esto resulta vital para mejorar el bienestar y las condiciones de vida de la población colombiana.

Además, es importante recalcar, que la consolidación de esta normativa responde al compromiso de la URF por fomentar la innovación y acelerar la digitalización de los pagos en el país. Entre las iniciativas más relevantes que ha realizado la entidad, se destacan: el Decreto 222 de 2020, que actualizó las normas para depósitos de bajo monto y corresponsalía móvil y digital; así como los Decretos 1692 de 2020 y 1297 de 2022, que modernizaron el marco regulatorio de los Sistemas de Pago de Bajo Valor (SPBV), redefinieron la arquitectura del ecosistema de pagos e incorporaron la actividad de iniciación de pagos. No obstante, era necesario avanzar en acciones específicas para impulsar la transaccionalidad en el sector solidario.

Por eso, hoy, con la expedición de este nuevo decreto, esos esfuerzos se materializan. Las nuevas disposiciones permitirán consolidar un sector solidario de ahorro y crédito con una propuesta de pagos digitales coherente con las características de cada entidad, apoyada en soluciones costo eficientes, tecnologías adecuadas y esquemas de cooperación entre actores que beneficien a sus asociados.

Te invitamos a consultar el Decreto en el siguiente enlace.