La URF está comprometida con impulsar políticas públicas que fortalezcan la presencia, resiliencia y sostenibilidad del sector cooperativo
En el marco de la XII Convención Financiera Cooperativa 2025 de Fecolfin, la directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera Garzón, presentó los avances normativos correspondientes al sector cooperativo en relación con la hoja de ruta definida en 2022.

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2025. El Gobierno Nacional reconoce en el sector cooperativo un aliado clave para el desarrollo económico del país, gracias a su capacidad de llevar los servicios financieros formales a las regiones más apartadas. Por ello, ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer su presencia, resiliencia y sostenibilidad.
En concordancia con este objetivo, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), bajo la dirección de Mónica Higuera Garzón, impulsa la formulación de normativas y estudios técnicos que contribuyen al fortalecimiento del sector cooperativo.
Durante la XII Convención Financiera Cooperativa de Fecolfin, la directora presentó los avances regulatorios alcanzados en el marco de la hoja de ruta trazada en 2022, la cual tiene como objetivo fortalecer la estructura del sector, robustecer la regulación prudencial, consolidar la red de seguridad, mejorar las prácticas de buen gobierno y profundizar la inclusión financiera.
Entre estos avances, destacó los Decretos 626 y 627 de 2023, que establecen las condiciones para la vinculación de Mipymes como asociadas, ampliando la base social y diversificando la oferta de productos y servicios.
También, el Decreto 1544 con el que se inició una nueva clasificación por categorías de cooperativas de ahorro y crédito que permite una regulación proporcional y más ajustada a las realidades del sector.
Asimismo, mencionó el estudio de cobertura y liquidez, que propone alternativas para que las cooperativas de ahorro y crédito accedan a la figura de prestamista de última instancia, protegiendo a más de 3 millones de ahorradores y 13 billones de pesos en depósitos en el sector. Igualmente, resaltó el proyecto de decreto de actualización de la regulación prudencial, con el que se busca mejorar la calidad del capital, revelar adecuadamente los riesgos y cerrar brechas frente a estándares internacionales.
Además, presentó el proyecto de decreto sobre Centros de Servicios Compartidos, esquemas de cooperación, apoyo externo, uso de red y corresponsales, el cual se publicó para segunda ronda de comentarios. Esta iniciativa busca promover la eficiencia operativa y de la gestión de riesgos, el uso responsable de la innovación y el cumplimiento riguroso de las normas prudenciales.
Por último, hizo referencia al Decreto 769 de 2025, que representa un hito en la transformación digital del sector al incentivar su participación en el ecosistema de pagos digitales.
Todas estas iniciativas buscan construir las condiciones necesarias para que cada cooperativa continúe siendo un motor de desarrollo para el país.
Ahora, para el 2026, se espera incorporar en la Agenda Regulatoria un estudio de buen gobierno que permita evaluar el Decreto 662 de 2018, así como otras iniciativas orientadas a fortalecer la red de seguridad, optimizar el seguro de depósito y crear el Consejo Asesor de la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Comisión Intersectorial de Resolución.
“Hoy, más que nunca, necesitamos que el sector cooperativo financiero continúe fortaleciendo su visión y propósito social. Que sea protagonista de transformación económica y digital que Colombia merece. A quienes lideran estas organizaciones, les decimos: el país cuenta con ustedes. Y desde el Gobierno nacional, seguiremos construyendo las condiciones para que cada cooperativa sea un motor de desarrollo, un faro de confianza y una fuente de esperanza”, concluye la directora de la URF, Mónica Higuera Garzón.

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