Colombia avanza hacia las Finanzas Abiertas Obligatorias: un paso clave para la inclusión financiera y la transformación digital del país
• La expedición del Decreto 368 de 2026 que implementa el sistema de finanzas abiertas obligatorias, posiciona a Colombia como líder regional en innovación financiera. • A través del Facility de Transformación Digital Inclusiva, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea, acompañan al Gobierno nacional y a la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) en este proceso, aportando capacidades técnicas y una visión enfocada en impulsar una transformación digital inclusiva. • La transición de un esquema voluntario a un modelo obligatorio permitirá aprovechar el potencial de los datos financieros para ampliar el acceso a productos y servicios, promover la competencia y fomentar la innovación en beneficio de los consumidores.

Bogotá D.C., 10 de junio de 2026. Colombia dio un paso decisivo en la modernización de su sistema financiero con la expedición del Decreto 368 de 2026, que establece el esquema obligatorio de Finanzas Abiertas en el país.
La medida, liderada por el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF) con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Unión Europea, convierte a Colombia en uno de los pioneros de la región en adoptar un modelo que permitirá que millones de personas puedan acceder a mejores productos y servicios financieros a partir de la circulación segura y autorizada de sus datos.
El Decreto fija estándares de interoperabilidad, protección al usuario y reglas claras para que los participantes compartan información financiera previo consentimiento del titular. Con ello, se busca dinamizar la competencia, impulsar la innovación y promover la inclusión financiera, especialmente para poblaciones que históricamente no han tenido acceso a bienes y servicios financieros. .
Este avance normativo se articula con las acciones impulsadas por el Facility de Transformación Digital Inclusiva, orientadas a que la digitalización se traduzca en oportunidades concretas para todas las personas, promoviendo un acceso más equitativo a servicios, herramientas y beneficios en todo el territorio nacional, desde las grandes ciudades hasta las regiones más apartadas.
La directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Larisa Caruso, señaló que este marco normativo fortalece el principio de que los datos pertenecen a los ciudadanos, quienes podrán decidir si autorizan el uso de su información financiera para acceder a nuevos bienes y servicios financieros De esta manera, el esquema busca dar mayor control a los usuarios sobre sus datos y facilitar que su historial financiero contribuya a ampliar sus oportunidades económicas y de acceso a servicios.
“El aprovechamiento responsable de los datos permitirá el desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de la economía popular, los emprendedores y las pequeñas unidades productivas. En este contexto, los datos se consolidan como la nueva infraestructura económica del ecosistema, impulsando una evolución que va de la banca abierta a las finanzas abiertas y, posteriormente, a los datos abiertos para la inclusión financiera, con miras a la construcción de un sistema interoperable. En este nuevo entorno, las entidades que logren aprovechar de manera más eficiente la información estarán mejor posicionadas para competir, al tiempo que podrán reducir costos de adquisición y fraude, fortalecer el conocimiento de sus clientes, optimizar la captación y colocación de recursos, aumentar la eficiencia operativa y ofrecer productos y servicios más personalizados.”, indicó Caruso.
Para el PNUD, la transformación digital no se mide por la cantidad de tecnología instalada, sino por su capacidad de mejorar vidas y reducir brechas. Casos como el de miles de pequeños comerciantes que hoy pueden recibir pagos digitales y, en un entorno de finanzas abiertas, acceder a crédito y nuevos servicios, ilustran el potencial de esta política.
El Representante Residente del PNUD en Colombia, Claudio Tomasi, destacó que la transformación digital solo es desarrollo cuando llega a quienes más la necesitan por ello, la importancia de un apoyo técnico a los procesos regulatorios, en el fortalecimiento de capacidades digitales y en la contribución a la adopción de infraestructura pública como Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.
“Con la entrada en vigor del Decreto 0368, Colombia abre una nueva etapa para su economía digital. La articulación entre Estado, sector privado, cooperativas, academia y cooperación internacional será clave para que este modelo se traduzca en más oportunidades económicas, mayor bienestar y un sistema financiero más abierto, competitivo e inclusivo”, puntualizó Tomasi.
Un hito para el país y una agenda que continúa
El Decreto 0368 no solo actualiza la regulación financiera: abre una nueva etapa para la economía digital colombiana. Al establecer reglas claras para el acceso y uso de datos, el país avanza hacia un sistema más competitivo, transparente y centrado en las personas.
Para el sistema de Naciones Unidas, este hito reafirma la importancia de trabajar como ecosistema —Estado, sector privado, sector solidario, academia y cooperación internacional— para que la innovación se traduzca en más oportunidades, mayor bienestar y desarrollo sostenible.
“La transformación digital solo es real cuando mejora vidas. Este decreto es un paso decisivo para que los datos se conviertan en oportunidades y para que nadie quede atrás en la nueva economía digital”, señaló Tomasi durante el lanzamiento.

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